La factura del poder y la ceguera de la oposición
Cómo Morena compró el poder… a crédito
Por Sergio Rosales Inzunza
En 2027 México va a pagar 1.575 billones de pesos solo en intereses de la deuda pública. Eso es 54% más de lo que va a repartir entre todos los Programas para el Bienestar. Dicho de otra forma: por cada peso que llega a un adulto mayor, a un estudiante, a una mujer o a una persona con discapacidad, un peso con cincuenta y cuatro centavos se va a los acreedores. El modelo que llevó a Morena al poder absoluto se pagó a crédito, y la cuenta ya llegó. El problema es que, frente a esa cuenta, el obstáculo no está solo en el gobierno: está en una oposición miope que prefiere pelearse por cuotas plurinominales antes que articular una alternativa real de país.
Estos números no son inventos. Están en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, el documento que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el 8 de septiembre de 2026: 1 billón 575 mil millones de pesos para pagar intereses de la deuda pública, y 1 billón 25 mil millones para los Programas para el Bienestar. Ese es el retrato completo de las prioridades del país, y explica, mejor que cualquier discurso, por qué 2027 importa.
- Se gobernó fiado
En 2018, la deuda total del gobierno —medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la forma más completa de calcularla— era de 10.55 billones de pesos: 44.8% de todo lo que produce el país. Para el cierre de 2027 se espera que llegue a 21.66 billones, alrededor de 55% del PIB. En pesos, la deuda se duplicó. Comparada con el tamaño de la economía, subió más de diez puntos porcentuales. Ningún gobierno desde la crisis de los noventa había movido esa cifra en tan poco tiempo.
Vale la pena explicar cómo pasó, porque ahí está la parte que nadie puede rebatir.
El salto de 2020 y 2021 coincidió con la pandemia, pero no lo explica la pandemia. México aplicó una de las respuestas económicas más pequeñas del mundo: no hubo apoyo a empresas, ni a nóminas, ni a las familias que perdieron ingresos. Se acumuló deuda sin el gasto que la habría justificado. Ese es el dato incómodo: el país se endeudó y ese dinero no se usó para sostenerlo.
El verdadero golpe llegó en 2024. El déficit alcanzó 5.8% del PIB, el nivel más alto en décadas —justo el año de la elección presidencial. El gasto en programas sociales pasó de 865 mil millones a más de 1.1 billones de pesos. No hubo una reforma fiscal que pagara eso. Hubo deuda.
- La cuenta llegó y ya no hay margen
Aquí hay que ser justos con el argumento del gobierno, no solo descartarlo.
Hacienda va a decir —y tiene razón en la aritmética— que 2027 es un año de “consolidación”: los Requerimientos Financieros del Sector Público bajan de 4.1% a 3.9% del PIB y el paquete contempla superávit primario. También va a decir que una deuda de 55% del PIB es baja frente al promedio de los países de la OCDE. Las dos cosas son ciertas. Ninguna resuelve el problema.
Lo que no van a decir es cuánto cuesta. En 2018, pagar la deuda se llevaba 12.02% de los ingresos del gobierno; en 2027 se llevará 17.21%. México paga intereses como si fuera un país sin grado de inversión, y en mayo de 2026 Moody’s ya le bajó la calificación soberana de Baa2 a Baa3: un escalón arriba de perder ese grado, la línea que obliga por regla a buena parte de los fondos institucionales del mundo a vender deuda mexicana en automático. El problema nunca fue el tamaño de la deuda. Fue pagarla más cara con una base de impuestos que no creció.
Ahí está la trampa: pensiones, pago de la deuda y lo que se reparte a los estados suman casi 4.96 billones de pesos —casi la mitad de todo el gasto del país está comprometida antes de que alguien decida nada. Y el nuevo endeudamiento que el gobierno se permite para 2027 —1.7 billones de pesos— es 66% más que todo lo que se gasta en los programas sociales prioritarios, y apenas 125 mil millones menos que lo que se pagará solo en intereses. Sin rodeos: el país se está endeudando, en el fondo, para pagar la deuda. El costo financiero del gobierno actual es un impuesto disfrazado a los programas sociales del futuro.
Esto obliga a corregir algo que se repite mucho, incluso entre quienes criticamos al gobierno: la deuda de 2027 no está comprando la elección de 2027. Está pagando la de 2024. El margen ya se gastó y lo que viene es el cobro. Y como tampoco habrá una reforma fiscal —el propio paquete la descarta—, el ajuste va a llegar por donde siempre llega: menos inversión, menos servicios y más presión para el próximo gobierno, sea del color que sea.
Y hay un dato que tira abajo el discurso de “consolidación fiscal”: para que la deuda deje de crecer como proporción del PIB, los Requerimientos Financieros del Sector Público tendrían que ubicarse, en promedio, cerca de -2.9% del PIB en los próximos años. El paquete de 2027 los propone en -3.9%. O sea: con las propias cifras que el gobierno entrega al Congreso, la deuda no se está estabilizando. Solo crece más despacio. Llamarle “consolidación” a eso es, cuando menos, un uso generoso del lenguaje.
III. El seguro del modelo: controlar a los árbitros y la inacción parlamentaria
Un esquema así solo se sostiene si nadie lo puede frenar como ha sucedido. El resultado es un Congreso oficialista que aprueba sin revisar. Pero la tragedia se duplica cuando la oposición reacciona con indolencia: incapaz de articular contrapropuestas presupuestales sólidas o de explicar didácticamente a la ciudadanía el saqueo a las finanzas públicas ha dejado pasar minutas decisivas a cambio de margen político menor.
- Lo que toca hacer: El ultimátum político
A los partidos de oposición: Dejen de asumir que el descontento social les dará votos en automático. El diagnóstico de la inseguridad, el desabasto y la corrupción ya no basta si ustedes se presentan como un refugio de cuotas, burocracia partidista y candidaturas improvisadas. Competir divididos o armar coaliciones efímeras que vencen el día de la elección no es una estrategia: es complicidad.
La oposición necesita un Acuerdo Nacional de Disciplina Presupuestaria y Responsabilidad Social con compromisos verificables antes de las urnas. Si no son capaces de presentar una contrapropuesta técnica que demuestre cómo frenar el endeudamiento sin desmantelar ni castigar los apoyos sociales, le habrán regalado el país a la hegemonía por otra generación. Exigir legisladores capacitados técnicamente y defender una agenda pos-electoral firmada de cara a los ciudadanos no es una opción; es el requisito mínimo para que su existencia política tenga sentido.
A los líderes empresariales: Quedarse callados ya no es prudencia. Las cifras que hoy publica la Coparmex son las mismas que llevan años comentando en privado. La certeza legal, la estabilidad económica y que valga la pena invertir no sobreviven donde el Congreso aprueba a ciegas presupuestos con déficit y leyes improvisadas. Exigir legisladores a la altura del desafío y financiar activamente la formación de cuadros técnicos independientes no es tomar partido: es defender su propio negocio.
Para cerrar
En 2027 no se elige solo un rumbo económico. Se elige si México va a tener un Congreso capaz de revisar el presupuesto que lo endeuda y frenar la inercia del colapso financiero. Esa es toda la apuesta.
Quien decida competir solo para no soltar su cuota plurinominal, y quien decida quedarse callado para no perder su tranquilidad inmediata, no van a estar siendo neutrales. Van a estar eligiendo que la cuenta la siga pagando quien nunca la pidió.
