Sinaloa: en el abandono
Por Juan Manuel Acuña Salomón
Sinaloa equivale apenas al 2.5% del territorio nacional y su aportación al PIB roza un modesto 2.3%. En la aritmética del poder central, esas cifras no mueven la aguja. No somos prioridad económica ni representamos un gran botín electoral con solo siete diputaciones federales y tres senadores. Para la Federación, Sinaloa parece prescindible.
La realidad es que el gobierno federal mantiene a la entidad en un abandono sistemático. Mientras los grandes proyectos de infraestructura, la inversión pública y las bolsas presupuestales prioritarias se dilapidan masivamente en el centro y sur del país, Sinaloa arrastra un rezago severo en obras hídricas estratégicas, mantenimiento de la red carretera y modernización de puertos esenciales para el comercio exterior. La conectividad, el desarrollo y la competitividad del Noroeste simplemente no figuran en la agenda de desarrollo nacional.
Este desinterés desde Palacio Nacional no es fruto del descuido ni de la casualidad; respondería a un cálculo político frío y pragmático: Sinaloa genera pocos votos, aporta una tajada marginal al producto interno bruto y, bajo esa lógica centralista, no merece grandes inversiones ni soluciones de fondo. El abandono se ha convertido en una postura política no escrita.
Sin embargo, entra en juego una paradoja que el centro parece ignorar a su propio riesgo: Sinaloa es hoy el epicentro de la atención internacional.
Lo que ocurre en la entidad trasciende con frecuencia la frialdad de las actas electorales o el peso de la contabilidad económica. El vacío de autoridad, la crisis de gobernabilidad y la parálisis operativa que provoca la violencia en el noroeste no se quedan en el ámbito regional; se analizan bajo lupa en Washington, en los mercados globales, en la prensa internacional y en las agencias multilaterales.
El costo de proyectar la imagen de un territorio convulso en el noroeste expone la vulnerabilidad estructural del gobierno federal. Si el centro permite que Sinaloa colapse en lo institucional o en lo económico, el mensaje hacia el resto de las entidades es desolador: nadie está a salvo. La incapacidad para pacificar, dar certidumbre y reactivar la región desmantela en forma paulatina cualquier discurso triunfalista de efectividad gubernamental a nivel nacional.
Un tropiezo o un empantanamiento prolongado en Sinaloa tiene el peso suficiente para desgastar la credibilidad de toda la administración federal y redefinir el tablero de la contienda política del país. Lo que se haga o se deje de hacer aquí resonará con fuerza en todo México.
Es precisamente por este impacto real que Sinaloa dejó de ser un problema puramente local para convertirse en una amenaza directa a la continuidad del proyecto político del oficialismo. La crisis no es un expediente que la administración federal o el partido en el poder (Morena) puedan archivar o contener en el terreno mediático sin pagar un costo severo.
El deterioro persistente en Sinaloa borra de un plumazo el relato de la hegemonía territorial y la gobernabilidad sin contratiempos. De mantenerse la parálisis y la incertidumbre, el denominado “efecto Sinaloa” amenaza con actuar como un catalizador del voto de castigo a escala nacional, dinamitando la narrativa de eficacia que sostiene al movimiento en el poder. Si el gobierno federal no tiene capacidad para controlar un territorio geográficamente acotado como Sinaloa, difícilmente mantendrá el control del resto del país.
La historia política mexicana enseña una lección contundente: los grandes virajes, el descontento ciudadano y la caída de la popularidad de los presidentes rara vez inician en la capital; se incuban en la periferia, ahí donde la autoridad pierde vigencia primero. Un conflicto o un descalabro prolongado en el noroeste —con su consecuente tensión diplomática y comercial con Estados Unidos— tiene el potencial de minar de manera acelerada la legitimidad y la gobernabilidad de la propia titular del Ejecutivo.
Seguir tratando a Sinaloa con indiferencia o mero desdén cuantitativo no es solo una falta de equidad republicana; es una ceguera estratégica que, de no corregirse a tiempo, puede terminar fracturando la columna vertebral del propio gobierno federal.
Por eso, seguir repitiendo el diagnóstico habitual sobre la tragedia local ya no conduce a nada. La realidad incómoda es que el gobierno estatal se encuentra maniatado: carece de margen de maniobra, de voluntad o de capacidad para actuar. Su papel se ha reducido a administrar la crisis y voltear sumiso hacia el centro del país para mendigar un auxilio que no llega, mientras el futuro de Sinaloa se decide en el desdén.
Que el resto de México no se confunda ni contemple esto como una tragedia ajena o distante. Lo que hoy ocurre en Sinaloa no es una excepción geográfica, sino el laboratorio del futuro nacional. Si la sociedad civil, los sectores productivos y la ciudadanía del país asumen que la parálisis institucional y la cesión de la soberanía son un costo tolerable mientras ocurran en el noroeste, mañana despertarán descubriendo que el modelo se ha replicado en su propia puerta. Cuando el Estado abdica en una región, la erosión no se detiene en la frontera estatal; se expande. Hoy es Sinaloa la muestra de lo que sucede cuando se normaliza el abandono; mañana, si la indiferencia prevalece, será el espejo en el que se mire todo México.
