¿Dónde está la democracia en SOMOS Sinaloa?
Por Juan Manuel Acuña Salomón
Hoy podríamos decir que el nuevo partido político SOMOS hace su aparición mediática oficial en Sinaloa en voz de su delegado nacional en funciones de presidente. Yo señalaría aparte lo pobre de la aparición en público de un partido que prometía representar las causas de la sociedad.
Esta irrupción nos lleva a señalar una realidad innegable: formalmente, SOMOS no ha constituido un Comité Estatal definitivo mediante una asamblea democrática. Debido a disputas internas y a la falta de consolidación territorial, el partido carece de la lista de secretarios estatutarios electos. En su lugar, opera bajo la figura de un Delegado en funciones de Presidente, designado desde la dirigencia nacional para encabezar los trabajos de organización.
Estatutariamente, un Comité Estatal debe integrarse por 13 carteras fundamentales: Presidencia, Secretaría General, Organización y Desarrollo Institucional, Operación Electoral y Alianzas, Administración y Finanzas, Comunicación, Gobiernos y Trabajo Parlamentario, para la equidad, de la juventudes, del campo, del medio ambiente y cambio climático, para la inclusión y para los sectores productivos.
La vía ordinaria para conformar este órgano es la Asamblea Estatal Delegacional, el máximo espacio de decisión local integrado por representantes electos desde las asambleas municipales o distritales. Sin embargo, a la fecha los comités municipales no están integrados en su totalidad; de los 20 municipios de Sinaloa, penas reportan avance en 7 y el tiempo corre. Tampoco existe claridad sobre si en las demarcaciones donde ya tienen presencia se votó para elegir a los delegados que deberían nombrar, democráticamente, al Comité Estatal. Mientras tanto, todas las decisiones quedan concentradas en una sola persona: el delegado.
Muestra de esta opacidad es la reciente aparición de un video donde Ana Cristina Zúñiga se ostenta como “Secretaria General”, sin que quede claro quién le otorgó dicho nombramiento, cuando la lógica estatutaria dicta que debe ser electa por el pleno de una asamblea estatal democrática.
Aquí radica la trampa: cuando un partido opera sin un Comité Estatal electo, se genera un vacío de representatividad que el Delegado Nacional aprovecha. Si bien los estatutos le otorgan facultades extraordinarias para darle validez jurídica a sus actos ante la dirigencia central, sus decisiones carecen por completo de legitimidad local.
El pretexto oficial para no convocar a la asamblea suele ser que “no existen las condiciones territoriales” o que “hay que evitar la polarización interna”. En los hechos, esto convierte al delegado en juez y parte, administrando los tiempos a su conveniencia personal. Mientras no existan un presidente una secretaria general y 11 secretarios con voz y voto, no hay un órgano colegiado que le haga contrapeso; el delegado solo le rinde cuentas a una dirigencia nacional lejana, ignorando a la militancia y a los liderazgos locales.
Si la intención de esta fuerza política es presentarse como una alternativa cívica y democrática frente a los vicios de la vieja política, mantener el control concentrado en un delegado temporal termina por dinamitar su propio discurso. Para la organización en Sinaloa, esto no es solo una contradicción: es un auténtico suicidio político.
